jueves, 5 de septiembre de 2013

Denuncian al Intendente de Aranguren por apropiarse de bienes de un frigorífico

Tessore con Suarez, Hanemann y Bahl 
Un empresario de la industria cárnica denunció penalmente al intendente de Villa Aranguren, Eduardo Tessore, por haberse apropiado “ilegal e ilegítimamente” de los bienes del frigorífico Pedro Aranguren SA, que funcionaba en esa localidad del departamento Nogoyá, distante a 70 kilómetros de Paraná, y que permanece cerrado desde fines de 2009. De esta manera, el jefe comunal fue acusado por obstaculizar el funcionamiento de la planta y por apropiación indebida de bienes. Los delitos imputados tienen una pena de hasta seis años de prisión.
La historia se remonta varios años en el tiempo: en 2001 el empresario Ricardo Taboada presentó un proyecto para la instalación de un frigorífico en Aranguren y la planta comenzó a faenar en 2005, en el terreno donde funcionara el ex matadero municipal, que la comuna le cedió en comodato. Pero dos años después la planta entró en crisis por la falta de pago de su principal cliente, no canceló una serie de créditos con la Provincia, la Justicia ordenó el remate de parte de las maquinarias y, al mismo tiempo, se generó un conflicto con las autoridades municipales por el uso del predio.

El 27 de agosto pasado, Taboada presentó una denuncia penal ante el agente fiscal de Nogoyá, Agustín Andrés Gianini, acusando al intendente Tessore por los delitos de defraudación y afectación al normal desenvolvimiento de un establecimiento industrial, por negarse a restituir los bienes de la planta y advirtió que el jefe comunal podría haber incurrido en un intento de estafa procesal, según se indicó a Página Judicial.

La denuncia, patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, se sostiene en que el intendente Tessore, en su carácter de depositario judicial de las maquinarias embargadas para su ejecución, se habría apropiado “ilegítimamente de bienes sobre los cuales no tiene incidencia la orden judicial”, lo que, a criterio de Taboada, constituye “una clara retención, también indebida”.

En el escrito, Taboada señaló además que “se advierte clara y contundentemente cómo Tessore, con ostensible, grosero e inexcusable abuso de la jurisdicción y, exorbitando el mandato judicial, se apropia primero y retiene indebidamente después, los bienes muebles que son de mi propiedad y que no se encuentran dentro del lote de los embargados por la ejecución prendaria incoada”.

El reclamo surge porque, según Taboada, de los 63 lotes de bienes que se encuentran dentro del predio donde funcionara al frigorífico, la ejecución prendaria promovida por el Gobierno provincial para el cobro de los créditos otorgados a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) recayó sobre 7 de ellos, es decir, el 11 por ciento del total. Esas maquinarias son las que tienen a Tessore como depositario judicial, pero el intendente se niega a devolver el resto a su dueño. “El denunciado se apropia ilegítimamente de bienes sobre los cuales no tiene incidencia la orden judicial (…) y a la vez se configura una clara retención, también indebida”, insistió el empresario en su denuncia.

Una historia compleja

El proyecto de instalación del frigorífico en Villa Aranguren surgió en 2001. El entonces intendente, Faustino Libralato (PJ), ofreció a inversores privados un predio de 10.000 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 215 metros cuadrados -que figuraba en registros catastrales como perteneciente a la provincia-, a través de un comodato por diez años, con opción de renovar por otros diez, la posibilidad de una opción de compra y de fijar un alquiler por parte de la Municipalidad.

La planta comenzó a operar en 2005, con una veintena de operarios, y con autorización para tráfico federal en sus dos especies, bovino y porcino, es decir, estaba autorizada a faenar y comercializar carnes en todo el país.

En 2007 la caída de un cliente llevó al frigorífico a parar la faena por unos meses y abrió otros frentes de tormenta: el incumplimiento de pago de créditos asumidos para el montaje de la planta. Entre 2002 y 2004, los empresarios recibieron cinco préstamos del Finver por 760.000 pesos, con garantías a través de prenda, que no cancelaron. “El 90 por ciento de esos fondos los recibimos en bonos federales”, señaló Taboada. “Pero para el montaje de la planta también se invirtieron capitales propios”, acotó.

La falta de pago de esos créditos derivó en un reclamo judicial y en mayo de 2008 el juez en lo Civil y Comercial Número 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, sentenció al frigorífico al pago de 1.090.376 pesos más intereses. El pago no se concretó, a pesar de una propuesta del propio Taboada, en 2010, para hacer un desembolso total único en efectivo de 800.000 pesos que el Estado provincial había aceptado.


El empresario aseguró que “siempre hubo voluntad de pago” y agregó que “en su momento se buscó incorporar otros socios o inyectar capitales, porque la intención siempre fue la de reactivar el frigorífico”, e insistió en que “dentro de la planta hay un capital de entre 10 y 12 millones de pesos en maquinarias y, si hubiera una solución, el frigorífico podría volver a operar inmediatamente”.

Fuente:   Información Luquense 

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